Reconocen avances en el enfoque de la salud como derecho fundamental
La distinción resalta políticas públicas orientadas a consolidar el acceso universal, la equidad sanitaria y el fortalecimiento institucional en Bolivia.
El enfoque de la salud como un derecho fundamental ha ganado relevancia en la agenda pública boliviana, en un contexto regional marcado por la necesidad de reducir brechas de acceso y fortalecer los sistemas de protección social. En ese marco, la Asamblea Iberoamericana de Derechos Humanos (AIDH) otorgó un reconocimiento a la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores Zambrana, por las acciones impulsadas para garantizar el acceso equitativo a los servicios sanitarios en el país.
El acto se desarrolló en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el presidente de la AIDH, Marco Antonio Ortíz, destacó que el reconocimiento se fundamenta en políticas orientadas a consolidar la salud como un derecho efectivo y no solo declarativo, especialmente en poblaciones históricamente vulnerables.
Durante el evento, la AIDH presentó su proyecto estratégico, una iniciativa regional que establece líneas de acción enfocadas en la promoción de los derechos sociales, la cooperación interinstitucional y la asistencia humanitaria. Desde la organización se explicó que este proyecto busca articular esfuerzos entre Estados, organismos internacionales y sociedad civil para fortalecer los marcos de garantía de derechos en la región.
Especialistas en derechos humanos y salud pública señalaron que el reconocimiento se inscribe en una tendencia regional que prioriza la universalidad, equidad y la sostenibilidad financiera de los sistemas sanitarios. Asimismo, subrayaron que la salud debe abordarse desde una perspectiva integral, considerando determinantes sociales, acceso territorial y calidad de la atención.
Desde la AIDH se remarcó que el trabajo coordinado con instancias del sistema interamericano, como la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, permite visibilizar avances, identificar desafíos estructurales y promover el diálogo como herramienta para la protección de los derechos fundamentales.